El Tribunal Supremo de Estados Unidos, con mayoría conservadora 6-3, dio señales claras de que podría invalidar la ley de Colorado que prohíbe la terapia de conversión en menores.
La norma que data de 2019 prohíbe a terapeutas con licencia estatal intentar “eliminar o reducir” la atracción hacia personas del mismo sexo o cambiar “conductas o expresión de género”. Cada incumplimiento puede multarse con hasta 5.000 dólares y la posible pérdida de licencia.
El caso es Chiles vs Salazar. Kaley Chiles, consejera cristiana respaldada por la administración Trump y litigante de la organización Alliance Defending Freedom, cuestiona la ley con el argumento de que viola la libertad de expresión. Chiles sostiene que orienta a sus clientes conforme a “lo que considera el diseño de Dios, incluido el sexo biológico”.
En las audiencias que se celebraron esta semana, los jueces conservadores mostraron simpatía con esas posiciones. El presidente del Supremo, John Roberts, comentó que regular conductas no significa que las palabras pierdan protección constitucional. El juez Samuel Alito alertó sobre una “discriminación flagrante por puntos de vista” en la ley estatal.
Por su parte, la fiscal del estado de Colorado, Shannon Stevenson, defendió la prohibición. Argumentó que la ley regula prácticas inseguras y no meras expresiones, y que terapias como la conversión no tienen “registro de éxito”. Recordó que la regulación de la seguridad sanitaria es un asunto legítimo del gobierno.
Los jueces liberales, en voz de la abogada que defendía la ley estatal, insistieron en que Colorado tiene la responsabilidad de prohibir una práctica que consideran dañina, ineficaz y ligada a graves problemas de salud mental como depresión o ideación suicida.
La terapia de conversión, denunciada por organizaciones médicas y derechos humanos, implica métodos aversivos y de modificación conductual que intentan “curar” la homosexualidad o diversidad de género, basados en creencias ya cuestionadas.
Se espera que el Supremo emita su fallo definitivo a finales de junio de 2026. Mientras tanto, esta decisión podría afectar leyes similares en otros estados y a nivel federal.
