La Fiscalía Especial de Montenegro pidió al Tribunal de Apelación que revoque la absolución dictada en mayo y declare culpables a todos los acusados en el juicio por el intento de golpe de Estado en las elecciones parlamentarias de octubre de 2016.
El recurso llegó el 16 de junio, tras la decisión del Tribunal Superior que absolvió a los líderes del entonces bloque opositor Democrático Frente, Andrija Mandić y Milan Knežević, junto a los acusados rusos Eduard Šišmakov y Vladimir Popov, y varios ciudadanos serbios detenidos ese día por supuestos planes violentos.
Los fiscales Zoran Vučić y Siniša Milić denuncian graves errores jurídicos y la valoración arbitraria de pruebas, especialmente la desconfianza injustificada hacia el testimonio del colaborador Sáša Sinđelić, figura clave del caso.
Según la Fiscalía, el tribunal ignora evidencia como la transferencia de dinero a Sinđelić vía Western Union desde Šišmakov justo antes de su encuentro secreto en Moscú, confirmado por registros de fecha 25 de septiembre de 2016 y comunicaciones que incluyen la compra del billete de avión. También destacan las entradas y salidas del testigo en la frontera serbia en 26 y 27 de septiembre.
El tribunal, en cambio, consideró que el testimonio tenía características de un relato aprendido y rechazó análisis científicos sobre la credibilidad de Sinđelić.
La Fiscalía reclama que, tras la anulación previa de una sentencia contra los mismos acusados, el Tribunal de Apelación debe realizar un nuevo juicio que confirme su culpabilidad, incluyendo delitos de terrorismo, organización criminal y financiamiento extranjero.
En la apelación se argumenta también que el tribunal subestimó pruebas de encuentros clandestinos entre Sinđelić y organizadores rusos, registradas por servicios secretos serbios en el parque Kalemegdan de Belgrado, donde el testigo recibió instrucciones de Šišmakov y Popov. Fotografías y documentos muestran que la secretividad era intencional para evadir autoridades rusas.
La Fiscalía critica además la interpretación ligera del tribunal sobre el armamento y 125.000 euros de dinero incautados, que según los acusadores eran suficientes para equipar a un grupo paramilitar involucrado en la operación.
Respecto a otro testigo, Mirko Paja Velimirović, cuya declaración sobre la compra de 50 armas fue calificada como “casi increíble” por el tribunal, los fiscales piden una revisión cuidadosa y separación de exageraciones para valorar correctamente la prueba.
El caso original comenzó el día de las elecciones el 16 de octubre de 2016, con arrestos masivos en Montenegro y Serbia por supuestas conspiraciones para desestabilizar el proceso electoral y cambiar el gobierno por la fuerza. Solo cinco personas aceptaron acuerdos de culpabilidad y recibieron penas leves meses después.
Esta apelación será clave para definir si las cortes montenegrinas mantienen la línea de absoluciones o avanzan hacia una condena en uno de los juicios más resonantes de la región por interferencia extranjera y terrorismo político.
