El gobierno Labour planea obligar a los empleadores a permitir el acceso semanal de sindicatos a sus oficinas con multas de hasta £75,000 si bloquean la entrada. La medida forma parte del proyecto de ley de derechos laborales (Employment Rights Bill), que está en consulta y busca ampliar las prerrogativas sindicales para intervenir directamente en los lugares de trabajo.
Actualmente, los sindicatos no tienen este “derecho de acceso” garantizado. Según el borrador del proyecto, las empresas que impidan la entrada de representantes sindicales podrían enfrentar sanciones decididas por el Central Arbitration Committee (CAC), la entidad pública que regula las relaciones laborales en Reino Unido. Las multas subirían según el tamaño de la empresa y podrían ajustarse a la gravedad de la infracción.
Los sindicatos podrían visitar las oficinas semanalmente durante un período inicial de dos años, con opción a renovar estas condiciones. Además, los empleadores tendrían un plazo de cinco días laborables para responder a solicitudes de acceso. Estaría prohibido que estos representantes interfieran en operaciones empresariales de forma “irrazonable”, una regla que se mantendría vigente tras la entrada en vigor de la ley.
La iniciativa enfrenta críticas feroces desde la oposición conservadora. Andrew Griffith, secretario sombra de negocios, calificó la propuesta como un intento de entregar “más poder a los barones sindicales” y advirtió que los sindicatos usarán este acceso para presionar a los trabajadores a unirse y apoyar “causas políticas alineadas con Labour”. “Las empresas se convertirán en campos de juego para activistas en lugar de motores de crecimiento”, declaró.
El plan forma parte de una reforma laboral más amplia que también contempla otorgar “derechos desde el día uno” a empleados despedidos durante sus primeros seis meses, facilitando demandas por despido improcedente y aumentando la responsabilidad para los empleadores. Además, se prevé dar mayor peso a los sindicatos en la organización de huelgas.
En un discurso reciente en el Parlamento, la ex viceprimera ministra y actual ministra de Trabajo Angela Rayner defendió la ley como un “cambio total para millones atrapados en empleos precarios y mal pagados”.
El gobierno Labour tiene como fecha límite la semana previa a Navidad para que el Employment Rights Bill reciba la aprobación final para convertirse en ley. Por ahora, el Departamento de Negocios y Comercio no ha respondido solicitudes para comentar esta propuesta.
