La comunidad garífuna en Honduras reclama al Estado la devolución de tierras que fueron nacionalizadas sin compensación y permanecen fuera de su control desde hace décadas, denunciaron ayer líderes indígenas y abogados especializados en derechos territoriales.
Según documentación revisada, durante procesos de reforma agraria en la segunda mitad del siglo XX, enormes extensiones de tierra comunal garífuna en la costa norte fueron expropiadas bajo decretos oficiales pero sin que se registrara pago o indemnización alguna. Esto generó conflictos jurídicos que hasta hoy permanecen abiertos.
El presidente del Movimiento Garífuna Nacional, Juan Pineda, afirmó que “el Estado nos robó nuestras tierras ancestrales y no mostró voluntad para reparar ese daño. Hemos perdido acceso a recursos vitales para nuestra cultura y supervivencia”.
Expertos legales advierten que el proceso de restitución es complejo. El Tribunal Agrario de la Corte Suprema ha recibido múltiples solicitudes desde los noventa, pero la falta de reconocimiento formal de propiedad colectiva y la ausencia de archivos claros complican el fallo a favor de la comunidad.
En paralelo, el Ministerio Público investiga posibles irregularidades administrativas durante las nacionalizaciones. Un informe preliminar señala que documentos claves se extraviaron o fueron manipulados.
Presión internacional y riesgo de exclusión de procesos
Organizaciones defensoras de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han instado a Honduras a cumplir con estándares internacionales para proteger la propiedad indígena. El país corre riesgo de sanciones y daño reputacional.
La comunidad garífuna representa una minoría étnica histórica en Honduras y su lucha ha ganado visibilidad en la última década. La restitución de tierras es vista como clave para su desarrollo social y cultural.
Fuentes oficiales confirman que recientes diálogos buscan avanzar en la regularización y compensación, pero reconocen que conflictos políticos internos frenan acuerdos definitivos.
El caso se intensifica en un momento de negociaciones críticas de Honduras con bloques internacionales para acceso a fondos y comercio, donde los derechos indígenas se han puesto como condición indispensable.
En resumen, Honduras enfrenta una crisis por conflictos territoriales con la comunidad garífuna luego de nacionalizaciones sin pago. Sin solución clara a la vista, la disputa afecta la estabilidad social y relaciones internacionales del país.
