Crece la furia pública en el Reino Unido tras revelar que Constance Marten, aristócrata con un trust por valor de £2,4 millones, recibirá casi £1 millón en ayuda legal pese a ser condenada por la muerte de su bebé.
Marten, de 37 años, fue hallada culpable de homicidio por negligencia grave tras la muerte de Victoria, su hija recién nacida, que falleció por hipotermia bajo condiciones extremas mientras vivían fuera de la civilización junto a su pareja.
El escándalo se intensifica porque, aunque Marten tiene acceso a un considerable patrimonio familiar, la Legal Aid Agency aprobó financiar sus costosos procesos legales, incluyendo defensa y apelaciones. Marten argumentó ante los tribunales que el trust no era líquido para cubrir gastos inmediatos, un vacío que ha provocado críticas.
Su pareja, Mark Gordon, también condenado, es un delincuente sexual registrado con un historial criminal en EE.UU. Gordon ha recibido más de £367,000 en asistencia pública y se espera que los costes legales para ambos sobrepasen las £600,000 próximamente.
Documentos publicados por medio de la Ley de Libertad de Información revelan que solo en batalla por la custodia de sus cuatro hijos, la ayuda legal ya sumó casi £34,000. Sin embargo, las facturas por el juicio penal y la apelación aún no se han entregado, lo que hará escalar la factura final.
En total, la investigación y litigios alrededor del caso han costado al erario público cerca de £2,8 millones. En enero, Marten y Gordon huyeron con Victoria para evitar que los servicios sociales se quedaran con la niña. La pareja fue arrestada después de un costoso operativo y días después encontraron el cuerpo de Victoria envuelto en una bolsa.
Ambos fueron sentenciados a 14 años de prisión tras ser hallados culpables de homicidio por negligencia, maltrato infantil, obstaculización a la justicia y ocultación del nacimiento. El juez Mark Lucraft criticó su “arrogancia” y “falta total de consideración”.
El caso ha avivado el debate sobre la justicia social en Reino Unido. Activistas y expertos piden una revisión urgente del sistema de ayuda legal que, denuncian, beneficia a los ricos en detrimento de ciudadanos comunes.
“Las reglas actuales permiten que personas con patrimonios accesibles usen fondos públicos para sus defensas,” alertan.
Por su parte, la Legal Aid Agency defiende sus decisiones señalando que se ajustan a la normativa vigente. Pero la presión política y social para reformar el sistema no deja de crecer, en especial tras casos como este que exponen las grietas de un sistema pensado para proteger a los más vulnerables, no para cargar a la ciudadanía con cuentas millonarias para defender a los poderosos.
