El tribunal básico de Berane volvió a rechazar ayer la solicitud de la fiscalía para la incautación temporal del monumento dedicado a Pavle Đurišić, comandante chetnik y condenado por crímenes de guerra, ubicado en el konak del Manastir Đurđevi stupovi en Montenegro.
El rechazo surge tras una serie de operaciones fallidas de la policía. El 1 de octubre habían intentado confiscar la estatua en el konak, pero no la encontraron. Solo tenían autorización para registrar esa parte del monasterio y omitieron inspeccionar otras áreas donde podría estar oculta.
Desde su instalación, el monumento ha cambiado de lugar al menos cuatro veces: inicialmente en Gornji Zaostru, luego en la iglesia de Sveta Paraskeva, después trasladado al konak del monasterio y ahora desaparecido, aunque se sospecha que sigue dentro del recinto.
Las fuerzas de seguridad mantuvieron vigilancia policial 24 horas sobre el lugar hasta el registro del 1 de octubre, lo que reduce la posibilidad de un traslado externo. Sin embargo, ni la policía ni la fiscalía cuentan con información fiable sobre la ubicación actual de la estatua.
La jueza Dubravka Popović basó su fallo en la falta de pruebas de que la estatua permanezca en el konak, rechazando otra vez la petición del ODT Berane. El presidente del tribunal, Ivan Došljak, confirmó que la fiscalía puede apelar en tres días.
La fiscalía acusó que el monumento fue instalado ilegalmente y que su glorificación violaría el Código Penal de Montenegro, que prohíbe la exaltación de criminales de guerra y movimientos que promueven el odio étnico, racial o religioso. La estatua se vinculó también a una causa contra Vujadin Dobrašinović por levantar ilegalmente un monumento.
La polémica alrededor de la estatua desató tensiones en el área. En agosto, durante su retirada inicial en Gornji Zaostru, hubo altercados violentos contra periodistas. Posteriormente, el metropolitano Metodije defendió la acción, declarando que, si la estatua debía ser retirada, la colocarían en la iglesia para que ‘la derribaran allí’.
El conflicto se enmarca también en un acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno montenegrino y la Iglesia Ortodoxa Serbia, que limita las intervenciones estatales en propiedades eclesiásticas sin consentimiento, excepto en casos urgentes. Por ello la policía carecía de autorización para registrar otras partes del monasterio, complicando la incautación.
Al cierre, la fiscalía aún no ha respondido si apelará la última decisión y la policía mantiene la vigilancia, pero sin resultados concretos. El monumento a Đurišić sigue siendo un símbolo de disputa política y legal en Montenegro.
