La primera ministra italiana Giorgia Meloni anunció este martes que ella y dos de sus ministros han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presunta complicidad en genocidio en Gaza.
En una entrevista con la cadena estatal italiana RAI, Meloni confirmó que el ministro de Defensa, Guido Crosetto, y el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, están implicados en la denuncia. Además, no descartó que Roberto Cingolani, jefe del grupo de defensa Leonardo, también haya sido citado.
La denuncia, cuya fuente no se reveló, se centra en la supuesta contribución del gobierno italiano en las acciones que califican como genocidio en la Franja de Gaza, escenario de un conflicto intenso y prolongado con numerosas víctimas civiles.
Hasta ahora, Meloni no ha detallado los motivos específicos de la denuncia ni si existe una investigación formal en curso más allá del informe a la CPI. En su declaración, rechazó cualquier responsabilidad directa y defendió las políticas italianas, que estarían alineadas con la ley internacional y el apoyo a la seguridad en la región.
El grupo Leonardo, una de las principales empresas militares de Italia, está en el centro del debate por su contrato y suministro de tecnología de defensa, lo que podría haber motivado la acusación indirecta contra Cingolani.
Este anuncio llega en medio de una escalada de tensiones internacionales por la guerra en Gaza que ha puesto en el foco la actuación de actores estatales y sus responsabilidades legales en el conflicto.
La CPI, con sede en La Haya, ha sido usada en el pasado para abrir investigaciones contra líderes y funcionarios de todo el mundo por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Esta nueva denuncia añade presión sobre el gobierno italiano y pone a Meloni bajo un nuevo escrutinio internacional.
No se espera por ahora una reacción oficial del Reino Unido, aunque el gobierno británico sigue de cerca la situación en Gaza y mantiene su apoyo a las instituciones internacionales. En Londres, expertos legales recuerdan que la CPI actúa bajo jurisdicción limitada y requiere pruebas contundentes para avanzar en procesos formales.
