Una investigación ha desvelado que Gemma Mattinson, líder del movimiento anti-inmigrantes en el noreste de Inglaterra que usa el lema ‘Protect Our Children’, fue condenada por maltrato infantil en 2013.
Mattinson, quien se presenta como defensora de los derechos y la seguridad de los niños, fue sentenciada en Newcastle Crown Court tras ser hallada culpable de forzar a dos niños a pelear mientras ella los grababa. Según los documentos judiciales, el vídeo era “perturbador y profundamente angustiante”. Su pareja, Ian Barclay, recibió 12 meses de prisión y ella ocho meses, una condena que las familias afectadas consideraron insuficiente.
Ahora, tras reaparecer públicamente al frente de protestas anti-inmigración bajo la etiqueta ‘Protect Our Children’, la revelación ha generado indignación y críticas por la hipocresía que supone que una persona con antecedentes de abuso infantil lidere una causa que se presenta como protectora de la infancia.
Este movimiento en el noreste inglés ha ganado visibilidad con manifestaciones que denuncian supuestos riesgos de las viviendas temporales para solicitantes de asilo. Grupos como las llamadas Pink Ladies —mujeres vestidas de rosa para simbolizar la maternidad y el cuidado— han sido una imagen recurrente en las protestas.
Sin embargo, expertos y fuerzas policiales alertan que estos discursos de protección infantil están siendo usados por activistas de extrema derecha para atraer simpatizantes y extender la retórica anti-inmigración. Demos y otros centros de investigación apuntan que muchos líderes de este ecosistema activista tienen antecedentes relacionados con delitos sexuales o abuso infantil, lo que pone en duda la sinceridad de su campaña.
Fuentes oficiales del Home Office y de la National Crime Agency indican que no hay datos que confirmen que los inmigrantes en alojamientos temporales representen un mayor peligro para los niños que la población general.
Partidarios de Mattinson defienden que sus antecedentes no deberían ocultar su derecho a participar en política o activismo. Sin embargo, críticos aseguran que estos perfiles ponen en riesgo la credibilidad de las preocupaciones legítimas sobre la protección infantil y distorsionan el debate público.
El caso de Mattinson abre una nueva grieta en el polarizado debate británico sobre inmigración, exponiendo cómo el discurso emocional puede manipular a la opinión pública y desviar la atención de hechos verificables.
