Lovćen Seguro, filial en Montenegro del grupo esloveno Triglav, está bajo fuego por negarse a readmitir a un exempleado tras una sentencia firme que declaró ilegal su despido.
El caso gira en torno a J.B., quien fue despedido ilegalmente según confirmaron tribunales montenegrinos. Aunque Lovćen ha pagado una indemnización de casi 30.000 euros, junto con intereses y costas judiciales, insiste en no reintegrarlo al puesto.
Miomir Joksimović, abogado de J.B., denunció a Pobjeda que la empresa ignoró los plazos para la ejecución voluntaria de la sentencia y que ya se inició un proceso forzoso ante el tribunal de Podgorica. Allí, Lovćen recibió multas de 3.000 euros y 300 euros personales para su director por incumplimiento.
“Lovćen Seguro comete un delito penal al no acatar la orden judicial. Si no cumplen, presentaremos una denuncia penal contra la empresa y sus responsables,” dijo Joksimović.
Consultada la firma, se negaron a explicar el motivo concreto para no readmitir a J.B. Alegan proteger la privacidad de sus empleados según la ley local. Sin embargo, fuentes del grupo Triglav dijeron que no hay pruebas claras de que la gerencia local haya actuado ilegalmente.
El argumento de Lovćen es que no tienen un puesto disponible para J.B. tras una reestructuración y que él aceptó la indemnización sin devolverla, lo que para la empresa equivale a un acuerdo para terminar la relación laboral.
Además, señalaron que J.B. estaría trabajando en otro empleo y que ya cumplieron con el pago de salarios correspondientes a julio y agosto tras el fallo.
Lovćen ha presentado una apelación ante el Supremo Tribunal de Montenegro y prefiere esperar esa resolución para ejecutar la orden de reincorporación.
Para el abogado de J.B., esta actitud refleja un problema mayor: “Una empresa con capital extranjero que cuestiona la autoridad de los tribunales nacionales pone en riesgo el estado de derecho y los derechos laborales en Montenegro.”
El caso sigue abierto mientras el tribunal superior estudia la apelación, y si Lovćen no acata la decisión definitiva, enfrenta posibles sanciones penales y multas mayores.
Este conflicto expone tensiones entre grupos empresariales multinacionales y la justicia local en un país que busca fortalecer sus instituciones pese a presiones económicas y políticas.
