Más de mil profesores del Reino Unido han presentado una queja formal ante la Agencia para la Resolución Pacífica de Conflictos Laborales por la reducción de sus salarios desde julio, informó ayer Radomir Božović, presidente del Sindicato de Educación.
Los docentes cuestionan la legalidad del método centralizado con que se calculan sus sueldos, que llevó a recortes de hasta 50 euros o más para algunos. Si no logran un acuerdo con los empleadores y escuelas en la Agencia, podrán presentar demandas judiciales.
Desde el 1 de julio, la nueva fórmula de nóminas en las escuelas primarias se aplica para “ordenar y legalizar” el pago, según los ministerios de Educación y Finanzas. Sin embargo, el sindicato sostiene que esta centralización incumple el Convenio Colectivo Sectorial, especialmente porque reduce ciertos complementos salariales vinculados a funciones específicas como tutorías o cargos superiores.
Las negociaciones entre el sindicato y los ministerios responsables están en marcha hasta el 1 de septiembre para modificar el convenio y corregir las reducciones. Esta semana seguirán las conversaciones tras recibir un borrador que propone aumentar algunos complementos, pero el sindicato exige clarificar otros beneficios pendientes, como el pago por trabajo en dos escuelas o en grupos combinados.
El ministro de Finanzas, Novica Vuković, aún debe dar su aprobación a estas modificaciones. De no lograr un acuerdo, el sindicato advirtió que podría intensificar las protestas, incluyendo huelgas más amplias tras la advertencia manifestada el 1 de septiembre con una huelga de advertencia en escuelas.
Controversia judicial y centralización salarial
El Gobierno llevó el conflicto al Tribunal Constitucional, que inició un proceso para evaluar la constitucionalidad y legalidad de varias cláusulas del convenio colectivo referentes a complementos salariales de los profesores. El tribunal cuestiona si estas cláusulas contradicen la Ley de Salarios del sector público y principios constitucionales sobre la jerarquía normativa.
“Confiamos en que los jueces actuarán conforme a la ley y principios jurídicos, reconociendo que los convenios colectivos pueden otorgar más derechos que la ley”, aseguró el sindicato.
El sindicato sostiene que el cálculo de sueldos se respetó según la Ley de Salarios y la Ley Laboral, multiplicando el coeficiente básico por la antigüedad, y que el convenio colectivo estableció ajustes legítimos al coeficiente. También apunta que la ley no contempla muchas especificidades ni complementos que sí existen para otros empleados públicos.
Además, a partir del 1 de noviembre, está previsto que la fórmula centralizada se aplique en las escuelas secundarias. Si las negociaciones fracasan, el sindicato advierte que los docentes de ese nivel también sufrirán recortes salariales similares a los que enfrentan los profesores de primaria desde julio.
La polémica sigue abierta y la presión aumenta mientras miles de docentes exigen condiciones salariales claras y justas en medio de una reforma que afecta directamente su economía y la calidad del sistema educativo británico.
