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Peterborough analiza un posible veto total a las casas de múltiples ocupantes no familiares, conocidas en el Reino Unido como HMOs (Houses in Multiple Occupation), una medida que ya estudia Bath y que afecta a estudiantes, profesionales y trabajadores con bajos ingresos.
El líder conservador Rob Waltham, defensor de la prohibición, sostiene que estas viviendas “deben servir a la comunidad local y no ser explotadas por propietarios irresponsables”, acusando a muchos de lucrarse a costa de inquilinos y la calidad de vida del vecindario.
Los residentes consultados muestran divisiones claras. Dean Taylor critica que “los propietarios solo quieren maximizar ganancias” transformando casas normales en HMOs. Heather Slack denuncia el mal estado de muchas viviendas y la falta de mantenimiento a pesar de la ayuda pública. Por otro lado, Chris Bennett señala el caos en el aparcamiento: “Ocho personas, ocho coches en una sola casa que normalmente es para cuatro, las calles colapsan”.
Opponentes al veto resaltan que las HMOs son una opción clave para quienes no pueden permitirse alquilar o comprar casas enteras. Ali Jane Fisher pide un límite en lugar de una prohibición. Alexa Page alerta: “¿Qué harán quienes solo necesitan una habitación? No todos pueden conseguir una vivienda social”.
Ron Cameron, que ha vivido una década en estos alojamientos, defiende su utilidad frente a los altos precios de alquiler en otras opciones privadas. Critica además la falta de regulación efectiva, destacando que “una buena gestión puede convertir un HMO en un hogar decente”.
Otros vecinos apuntan que muchas HMOs ni siquiera generan molestias cuando están bien administradas. Donna Marie dice: “Tenemos una cerca y ni se nota, solo la vi en Rightmove”.
El debate en Peterborough refleja una preocupación nacional por el balance entre oferta asequible y calidad de vida. Mientras el gobierno local considera medidas más duras, muchos recuerdan que casi todas las ciudades británicas cuentan con estos pisos compartidos, clave para cientos de miles.
Por ahora, ninguna decisión definitiva se ha tomado, pero la polémica abre un foco sobre el futuro del mercado inmobiliario compartido en el Reino Unido, con más voces exigiendo controles y límites claros.
