El gobierno de Donald Trump continúa su ofensiva sobre las agencias federales de Estados Unidos, eliminando cientos de puestos clave en organismos fundamentales para la gestión de emergencias y el clima, con consecuencias mortales ya evidentes en Texas.
Desde la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) bajo la dirección de Elon Musk y Vivek Ramaswamy, se ha intensificado la supresión de empleados expertos, especialmente en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
En un contexto donde los desastres naturales como inundaciones, huracanes e incendios forestales aumentan en frecuencia e intensidad, recortes masivos de personal y recursos han comprometido seriamente la capacidad de respuesta. En febrero se reportaron pérdidas de más de 1.000 empleados en NOAA y 200 en FEMA, justo antes de la crítica temporada de huracanes y emergencias climáticas.
La polémica se intensificó con la gestión durante las inundaciones mortales en la cuenca del río Guadalupe, Texas, donde al menos 135 personas, incluyendo 37 niños, murieron. Testigos y funcionarios revelaron que la imposibilidad de contactar al administrador interino de FEMA, David Richardson, durante 24 horas, bloqueó la movilización rápida de recursos vitales de búsqueda y rescate.
Las órdenes de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, exigían su aprobación para gastos mayores a 100.000 dólares, retrasando la asistencia crítica. Este enfoque de descentralizar decisiones a nivel local no logró mitigar la tragedia y dejó en evidencia la fragilidad del sistema bajo la nueva administración.
Estas medidas obedecen en parte a la visión ideológica del MAGA y el proyecto 2025, que busca desmontar las “burocracias ineficientes” pero en la práctica ha reemplazado a expertos por leales a la línea política del gobierno.
Además, la designación para dirigir NOAA de Neil Jacobs, involucrado en el escándalo “Sharpiegate” de alterar mapas meteorológicos para beneficiar al expresidente, aumenta las dudas sobre la capacidad técnica y política de estas instituciones.
Los críticos señalan que el desprecio por la ciencia climática y la reducción de agencias que monitorean fenómenos naturales agravan directamente la seguridad pública y la vida de millones de estadounidenses.
El despido masivo de inspectores generales, figuras clave para evitar fraudes y corrupción en el gobierno, y la intervención política en datos oficiales como los publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales, muestran una administración que prioriza la lealtad sobre la competencia.
Mientras tanto, la opinión pública estadounidense enfrenta una crisis económica, con precios al alza y una creciente desigualdad de riqueza. Pero el mandato actual sigue favoreciendo recortes en servicios públicos y beneficios sociales a favor de incentivos para grandes fortunas.
El caso de Texas es una advertencia clara: eliminar expertos y freelancers especializados que trabajan para anticipar y gestionar emergencias climáticas no solo ralentiza la respuesta, sino que también puede costar vidas.
En pleno avance del cambio climático, con olas de calor, huracanes y lluvias extremas en aumento, las políticas de austeridad y el rechazo a la ciencia se traducen en riesgos concretos para la población y la estabilidad del sistema de protección civil en EE.UU.
