La justicia en Carolina del Norte vuelve a generar polémica tras anunciar la postergación hasta abril de 2026 de la audiencia contra Decarlos Brown Jr., acusado de asesinar a la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en un ataque a sangre fría. La sesión, que estaba programada para el 16 de octubre, debía decidir si se aplicaría la pena de muerte bajo el proceso Rule 24 en el estado.
La demora fue solicitada por Brown y su abogado, Daniel Roberts, y aceptada sin explicación pública; el motivo oficial está borrado en los documentos judiciales, lo que ha irritado a familiares y ciudadanos. Todo apunta a un amparo legal que aumenta las dudas sobre si el sistema está protegiendo al acusado o simplemente alargando el caso.
Zarutska, de 23 años, fue apuñalada fatalmente en un tren ligero de la ciudad de Charlotte el 22 de agosto en un ataque aparentemente aleatorio y sin provocación. El crimen conmocionó a la nación y abrió un debate intenso sobre violencia, justicia y derechos de las víctimas.
Registros médicos y cuestionamiento de la salud mental
El juez del condado Mecklenburg ordenó la entrega de todos los registros médicos y psicológicos de Brown tras pasar seis días hospitalizado en Atrium Health por lesiones sufridas el día del crimen. La clínica se había negado a entregar esa información amparándose en la privacidad del paciente. Solo tras un recurso de la fiscalía el tribunal la declaró relevante para la investigación.
Adicionalmente, la defensa solicitó una evaluación de competencia mental. Brown asegura que alguien le entregó un “material artificial” que controlaba sus movimientos y palabras, un argumento que algunos ven como una estrategia para dilatar el proceso o evitar la pena máxima.
El historial judicial del acusado es extenso: acumula 14 casos previos en la misma jurisdicción y fue condenado a seis años por robo, allanamiento y hurto con arma peligrosa. En este caso enfrenta cargos estatales y federales, incluyendo asesinato en transporte público, que podrían llevarlo a cadena perpetua o pena de muerte.
Mientras la justicia avanza a paso lento, sus críticos, incluyendo al expresidente Donald Trump, piden la máxima sanción para Brown. Por su parte, legisladores de Carolina del Norte aprobaron recientemente “Iryna’s Law”, una ley que revierte la suspensión de la pena capital tras más de 20 años y plantea opciones polémicas como el pelotón de fusilamiento. El gobernador Josh Stein cuestionó la medida como regresiva y peligrosa.
La familia de Zarutska y la comunidad siguen indignados. Foros y redes sociales se han llenado de mensajes acusando al sistema de proteger al sospechoso y postergar indefinidamente la justicia para una víctima que escapó de la guerra solo para morir en un ataque brutal.
Con la audiencia clave aplazada casi cuatro años, la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿Quién protege a quién en este proceso?
