El Gobierno Labour de Keir Starmer fue acusado hoy en el Tribunal Superior de haber tomado “decisiones ilegales” al entregar la soberanía de las Islas Chagos a Mauritius sin consultar adecuadamente a los ciudadanos británicos chagossianos. Tres demandantes, entre ellos Misley Mandarin y Bertrice Pompe, buscan permiso para una revisión judicial completa contra el Ejecutivo por supuestas irregularidades legales y de igualdad.
El juicio, celebrado ante la jueza Stacey en la Corte Administrativa, se centra en la exclusión de los chagossianos en las decisiones sobre su derecho de residencia, reubicación y los intereses territoriales de las Chagos, parte del Territorio Británico del Océano Índico. El abogado de los demandantes calificó la actuación del Foreign Office de “desprecio imprudente” hacia la comunidad chagossiana y solicitó que el caso proceda.
Los reclamos señalan que la consulta no fue solo una obligación moral sino un requisito legal, en especial porque ya no se justifica la seguridad nacional para impedir el regreso de los chagossianos a las islas externas. La organización Great British PAC, que ha respaldado financieramente a los demandantes, tildó la audiencia de un paso vital para “corregir una injusticia histórica”.
La polémica se intensificó este año cuando el Gobierno firmó un acuerdo para ceder la soberanía a Mauritius y arrendar por 99 años la base militar de Diego Garcia, clave para EEUU y Reino Unido. La medida fue frenada brevemente por un recurso judicial presentado por Pompe y todavía debe ser ratificada en el Parlamento británico.
La cámara baja aprobó el proyecto que regula Diego Garcia y el Territorio Británico del Océano Índico, y la Cámara de los Lores tiene previsto debatirlo el 4 de noviembre. Varios políticos conservadores, como Jacob Rees-Mogg, y el diputado laborista disidente Graham Stringer han pedido suspender la ratificación hasta que se escuche a los chagossianos.
Por su parte, el abogado del Foreign Office defendió la entrega argumentando que las Chagos “nunca formaron parte formal del Reino Unido” y que el caso en realidad cuestiona un acuerdo internacional, lo que excede la competencia del tribunal. Insistió en que el derecho de residencia nunca fue garantizado para los chagossianos y que la reinstalación ahora depende exclusivamente de Mauritius.
“Sería moral y legal que los chagossianos sean consultados y escuchados en sus derechos”, dijo James Tumbridge, representante legal de Misley Mandarin.
La jueza ha reservado su fallo, que se espera a finales de la próxima semana, para decidir si el caso avanza a una revisión judicial completa. Los demandantes mantienen que su lucha es por derechos internos del Reino Unido, no para abortar el tratado con Mauritius, pero que las decisiones internas sobre esta materia deben ser legales y transparentes.
