Cinco víctimas de las bandas de abuso sexual en Reino Unido han abandonado esta semana el panel asesor de la investigación nacional tras acusar al Gobierno de intentar diluir y ampliar el alcance de la pesquisa, perdiendo el foco en la responsabilidad de las autoridades locales y policiales.
Entre ellas, Fiona Goddard y Elizabeth Harper rechazaron duramente la carta enviada por el primer ministro Keir Starmer, en la que el líder laborista asegura que la investigación abordará explícitamente el papel de los hombres británicos de origen asiático en los crímenes.
En sus mensajes públicos en la red X (antes Twitter), Goddard calificó la misiva como un “mensaje prefabricado” que ignora sus preocupaciones reales, mientras Harper dijo que fue “lo mismo de siempre, burlándose de las supervivientes” sin presentar acciones concretas.
El abandono del panel viene tras meses de tensiones, luego de que el Gobierno propusiera ampliar la investigación para incluir otros tipos de abusos grupales, lo que para las víctimas supone una maniobra para diluir el peso del componente étnico y religioso que, aseguran, fue fundamental en su victimización y en la pasividad institucional.
Goddard y sus compañeras alertaron que esto “recrea el patrón de negación” sufrido durante años y que la definición debe permanecer “concentrada en las bandas de abuso sexual organizadas” como inicialmente se planteó.
Las tensiones escalaron hasta un enfrentamiento público con la ministra Jess Phillips, encargada de coordinar la investigación, quien negó con vehemencia que haya intenciones de rebajar el alcance y afirmó que “no está bien adjudicar esa decisión sin consulta formal”.
Los abogados de Goddard incluso amenazaron con demandar a Phillips por difamación tras acusarla de calumniarla al negar sus denuncias sobre el intento de ampliar la investigación.
Por su parte, Phillips dijo lamentar las renuncias y reafirmó su compromiso “con todos los supervivientes, tanto los que siguen en el proceso como los que se retiraron”.
Mientras tanto, la ministra del Interior Shabana Mahmood aseguró públicamente que “la investigación no será ni diluida ni ampliada fuera del alcance original” y que las víctimas estarán “en el centro del proceso”.
A la crisis se suman otras renuncias, incluido un quinto miembro del panel que denunció no haber recibido apoyo durante la polémica y lo calificó como un “arma política”.
Además, dos candidatos a presidir la investigación, entre ellos el ex policía Jim Gamble, también se han retirado, citando un ambiente “tóxico” y falta de confianza.
Starmer defendió la investigación en la Cámara de los Comunes esta semana, asegurando que “no cambiará ni perderá su foco” y confirmó la llegada de Baroness Louise Casey para reforzar el proceso. Casey lideró la auditoría nacional previa que dio pie a la investigación.
La controversia pone en riesgo una pesquisa clave que el Gobierno creó para responder a uno de los escándalos más graves de abuso infantil en el Reino Unido, tras décadas de denuncias sobre redes de delitos sexuales organizados especialmente en localidades como Rotherham, Rochdale y Oldham.
Los enfrentamientos entre víctimas, autoridades y políticos reflejan las profundas heridas por el fracaso institucional histórico y la urgente necesidad de una investigación creíble y efectiva, que hasta ahora se ve amenazada por disputas internas y denuncias de mala gestión.
